¿Es posible pensar al mismo tiempo que el senador Manuel Cepeda Vargas es histórica y políticamente responsable por su apoyo a las Farc, que es válido discutir y evaluar su participación en la vida colombiana, y que su asesinato en 1994 fue un crimen en el que el Estado colombiano debe asumir responsabilidad? En el lenguaje polarizado de algunos comentaristas esto parece inconcebible, pero es raro que sea así. ¿Por qué, para mostrar la injusticia de la sanción a Colombia, se reiteran las relaciones de Cepeda con las Farc, como si esto disminuyera la responsabilidad del Estado? ¿Por qué reconocer que el Estado fue incapaz de aclarar este delito, y sancionar a los principales culpables produce la sensación de que se está cometiendo una gran injusticia con el país, pues lo único que se sabe “fue que lo asesinaron”?
Breviario del Azulefante
Visiones y Perversiones

